MÉXICO Y LA PANDEMIA INVISIBLE

 

He ido al supermercado. Para ingresar, era obligatorio el uso de un cubrebocas, lavar mis manos con un gel antiséptico y se me midió la temperatura. Al llegar a la caja, una X en el suelo me indica donde esperar con el carrito de compras, se trata de guardar una “sana distancia”, la suficiente para que una gota de saliva de otro cliente no me llegase a tocar.  Los adultos mayores han dejado de empacar, debe hacerlo uno mismo, confiando en la paciencia del cajero y del siguiente comprador en la fila. En el camino miro carteles orwellianos (fondo rojo y letras en color blanco) que “exhortan” a no salir de casa. Al regresar del supermercado, dejo el cubrebocas tras quitarme mi calzado y lavarme las manos. Describo este ritual en la Ciudad de México, donde estamos confinados desde el 20 de marzo. Hasta el momento, en toda la República se han reconocido oficialmente 17580 decesos. México es el séptimo país con más casos. Las comparaciones son odiosas, pero conviene hacer una: España. Según la Organización de la Mundial de la Salud (si es que se puede seguir confiando en sus datos), el país de la Piel de toro cuenta con 27.136 víctimas mortales por el COVID 19. En España no hay confianza en tales cifras, de hecho, la polarización política, a tope desde que un tal Rodríguez Zapatero llegó a presidir el gobierno (2004), se materializa en recriminaciones entre una tibia derecha y un gobierno social comunista más ocupado en la propaganda que en la gestión eficaz. Si se cruzan datos de defunciones entre comunidades autónomas, agencias funerarias y registros civiles, se calcula que el número real es de 40 mil víctimas morales. La Unión Europea asegura que España es el estado miembro que peor ha gestionado la crisis sanitaria. A pesar de las estrategias de la comunicación gubernamental y de las presiones al poder judicial, el gobierno presidido por Pedro Sánchez, es el blanco de cientos de demandas y querellas ante los tribunales.  

 

España tiene alrededor de 47 millones de habitantes, México más de 128. El sistema de salud español es uno de los más eficaces de Europa, y sin embargo se vio rebasado, de tal suerte que, el 23 de marzo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) descubrió ancianos muertos en residencias tanto privadas como públicas. El 19 de marzo, el comunista Pablo Iglesias había asumido el mando único de tal gestión. Iglesias es un personaje que merece muchas líneas aparte. Basta decir que desde la vicepresidencia de gobierno ha preferido continuar con su papel de agitador y pendenciero. Quizás sea una diversión o un fanático que al mirarse en el espejo cree ser Lenin, por quien profesa una devoción casi religiosa.  

He dicho que las comparaciones son odiosas, pero me cuesta comprender lo que pasa en México. Me cuesta creer que un país donde decenas de miles mueren ante los altos índices de criminalidad, donde las medidas de profilaxis están focalizadas y multitudes se reúnen en mercados públicos, viajan en el transporte público, y la salubridad pública está amortizada ante el inoperante Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) , las cifras sean tan bajas. En España, más del 50% del personal sanitario fue contagiado por el COVID 19. Eso provocó un escándalo nacional que tendrá efectos judiciales de consideración. En México más de 100 residentes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México se han contagiado del COVID, y el sobre ello, ha pesado una losa de silencio. La noticia de hoy, en segundo plano, es que se han enumerado 463 muertes por el virus en personal de salud. Pero en México sigue respirándose un aire de perplejidad si no es que de abierta negación. Por todas partes rondan rumores de conspiraciones de todos los colores. Espero que el silencio no se vea motivado por el “Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción” publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de junio. En tal acuerdo -de compleja denominación- se dice lo siguiente:

“Que el pasado 6 de septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública expidió el ACUERDO por el que se establecen los “Lineamientos para la Promoción y Operación del Sistema de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción” (en lo sucesivo los “Lineamientos”), con objeto de establecer las bases conforme a las cuales se creará, promoverá, operará, dará seguimiento y coordinará dicho Sistema.

Que la Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 11 de marzo de 2020, como pandemia global al coronavirus COVID-19, por lo que el 30 de marzo siguiente, el Consejo de Salubridad General expidió el “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, motivo por el cual se suspendieron las actividades no esenciales de la Administración Pública Federal.”

 

Los ciudadanos alertadores internos son “Toda persona física que hace del conocimiento de la Coordinación General una alerta a través de la plataforma.” ¿Qué es una alerta? “Es una comunicación previa al inicio del procedimiento administrativo, que proporciona información sobre actos que se hayan cometido, se estén cometiendo o sean probable que se cometan por servidores públicos respecto de presuntos actos graves de corrupción, violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual.” ¿Acaso tendremos delatores como en la Unión Soviética, la República Democrática Alemana o Cuba?

 

En una cosa coinciden México y España: mientras se ha confinado a la población con mayor conciencia cívica, se comenzaron a sembrar las semillas para un cambio de régimen. Muchos de los decretos en España como acuerdos en México, son notoriamente inconstitucionales. La pregunta es ¿podemos confiar en nuestros jueces?

 

Rigoberto Gerardo Ortiz Treviño, 17 de junio de 2020.